Entendemos que este proceso debe involucrar a todos los actores que participan en todo el proceso de consumo y no sólo de producción. Desde el diseño de un bien o servicio, hasta la solución de los efectos negativos de su disposición final. Por otra parte, debe ser intersectorial porque no puede ser sólo pensado de acuerdo a los intereses de un solo sector. También, debe ser interinstitucional, porque no puede diseñarse de acuerdo a la voluntad solo de uno de los productores de un bien. Debe ser interdisciplinario, porque necesita ser abordado de manera sistémica y, por último inter-generacional, ya que necesita nutrirse de las visiones de los diferentes grupos etarios.

Este proceso genera los siguientes beneficios:

• Posibilita la comparación de la información.
• La información es pasible de control.
• Los criterios están legitimados y acordados por todos los actores que participan del proceso.
• Devuelve al Estado su rol de controlador sin desacreditarlo técnicamente porque le delega las pautas mismas de control.
• No permite medidas superficiales.
• Establece una competencia y un mayor cumplimiento de los indicadores institucionales y no de una mejor imagen.
• Define la responsabilidad de la empresa respecto de su impacto, y por lo tanto del desarrollo sustentable.
• Le devuelve al consumidor la posibilidad de ejercer una politica de consumo responsable, con la información brindada.

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